¿Veremos a las empresas cotizar por sus robots?

A principios del XIX, la Revolución Industrial introdujo maquinaria para el hilado y tejido industrial que permitió la fabricación masiva de tela. En Inglaterra, hacia la segunda década del siglo, este cambio llevó a un movimiento de protesta por parte de quienes entonces realizaban este trabajo; los artesanos veían cómo eran reemplazados por profesionales con menor cualificación y menor salario y esto llevó a incidentes aislados, quemando fábricas o maquinaria y protagonizando protesta. Su relativamente escasa duración sirvió, sin embargo, para poner nombre a aquellas personas que se enfrentan a los avances, sean industriales o digitales. No se trata de oponerse al progreso tecnológico, pero quizás sí se pueda ver un hilo conductor entre aquella destrucción de empleo y el replanteamiento que motivó y la evolución que hoy en día se está viviendo con la inteligencia artificial. Una evolución que obliga a reflexionar sobre cómo afectará a los trabajos de las personas.

Es en este marco en el que se introduce el debate sobre la necesidad de cotizar por robots o por formas de IA, como la agentiva, que puedan reemplazar a personas humanas en el trabajo. La conversación tuvo uno de sus momentos iniciáticos en 2017, cuando Bill Gates expuso en una entrevista que si el valor del trabajo que una persona humana hace está sujeta a impuestos, el que hace un robot también debería estarlo. Los costes debería asumirlos quien hubiese diseñado la tecnología o quien la emplease. Gates proponía, además, que estas cargas fuesen empleadas en formación para el empleo para así ayudar a la fuerza laboral saliente a adaptarse a este nuevo modelo de trabajo. Estas declaraciones tuvieron contestación desde distintos ámbitos, tanto a favor como en contra. Entre las de este último bando están las de la Federación Internacional de Robótica, que aducía que la idea de Gates “quiere resolver un problema que no existe; el análisis empírico de datos económicos y las previsiones muestran que la automatización y el uso de robots crean nuevos trabajos al incrementar la productividad”. Una experiencia en línea con anteriores revoluciones tecnológicas, señalaban. Poner impuestos a las herramientas podría tener un impacto negativo en la competitividad y el empleo.

Pacto de Toledo

Sin embargo, que se creen nuevos trabajos no quita que no haya que pensar qué hacer en este proceso, también con  y qué implicaciones tendrá. Así se defiende desde el colectivo Cibercotizante, un think thank de análisis sobre robotización y la nueva economía digital que estuvo en los orígenes de las deliberaciones en la comisión del Pacto de Toledo que llevó al Informe de evaluación y reforma aprobado en 2020. En este se alertaba de la posibilidad de que, en un contexto de digitalización, se viesen afectados los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social. “Si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no necesariamente un aumento del empleo, el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales”, planteaba el texto.

Para Carlos Javier Galán Gutiérrez, magistrado de lo social y profesor de la UOC, el propio sistema tiene un problema de sostenibilidad a medio-largo plazo con independencia de las tecnologías, y al que no se le puede dar solución con los ajustes actuales. “En paralelo a esto, hay una transformación del mercado de trabajo”, desarrolla, “con la irrupción de todas estas tecnologías y con qué incidencia van a tener en los puestos de trabajo”. Esto se plasmó en las recomendaciones de 2020. “En la medida en que se puedan juntar los dos factores, se planteaba como una opción el estableciendo de algún tipo de cotización adicional vinculada a la implantación de tecnología”.

Escenarios

De momento, estas recomendaciones no han tenido traslado material, pero como explica el fundador de Cibercotizante José Joaquín Flechoso, esto “no significa que ni esté descartado ni esté aprobado, sino simplemente es un punto de referencia sobre el cual se sigue trabajando”. Flechoso plantea diez escenarios posibles al referirse a la cotización de robots, que van desde el planteamiento de Bill Gates a la tasa GAFA (por Google, Apple, Facebook y Amazon), que implica gravar a las grandes tecnológicas. Otros posibles escenarios —Flechoso insiste en utilizar este término— pasarían por aplicar un impuesto al precio de robots o licencias de herramientas de este tipo o al extra de productividad que suponen frente al trabajo humano. Otro: un impuesto moderado, como proponía el Nobel de Economía Edmund Phelps, para ralentizar la introducción de IA en la economía y proteger las prestaciones sociales.

Joaquín Flechoso.

Galán sintetiza los modelos posibles en dos: la creación de una personalidad digital, “convertir a los robots y a las máquinas en entes cotizantes”, o mantener como cotizantes siempre a personas físicas y jurídicas, “y que esa cotización o tributación adicional estuviera vinculada a la sustitución de mano de obra por maquinaria. Pero no tributa la maquinaria. La maquinaria es el hecho imponible”, una opción que ve más viable. “Que las máquinas puedan ser sujetos de derecho, de obligaciones, de responsabilidad o de deberes plantea un montón de problemas de implementación, de cómo se conceptúa, tipo de máquinas, a cuáles notas de esa capacidad y a cuáles no, cómo lo defines, a quién exiges en caso de incumplimientos…”, repasa. “Plantea de repente un montón de problemas que a mí me parece que son innecesarios”.

Implicaciones

De ahí que vea más sencillo gravar la sustitución de mano de obra por máquina mediante algún tipo de cotización adicional para la sostenibilidad del sistema. “Todo esto, además, me parece que tiene que ir vinculado al debate sobre la reducción de jornada, en la medida que tiene mucho que ver una cosa con la otra”. Es decir: si se detecta un impacto real en la empleabilidad y en la mano de obra, se debe abrir el debate de “si establecer mecanismos de financiación alternativos para los servicios públicos, gravando también la tecnología, y a su vez reducir jornadas para repartir el trabajo existente y también ganar calidad de vida todos, no solo el dueño de la máquina”. Galán considera que, de haber movimientos en este sentido, es más probable que vengan desde la Unión Europea.

Carlos Javier Galán.

“Lo fundamental es que se abra al máximo el debate y que se establezca una posición de consenso”, comenta Flechoso.  “Soy un claro defensor de que la tecnología va a ayudar a las personas, va a crear nuevos puestos de trabajo, pero todo esto va a llevar un periodo de transición”. De lo que se trataría, pues, sería de contribuir a que este periodo fuese lo más beneficioso posible. “No lo entiendo como un impuesto de clara recaudación, en ningún caso”, clarifica. “Vendría a aportar o bien al estado del bienestar en general o bien a la Seguridad Social, porque si va a recaudar menos porque hay menos mano de obra que va a aportar su cuota, tanto de trabajador como empresario, habrá que compensarlo por otra parte”. Un debate necesario, que debe traspasarse al diálogo social, insiste, para que todas las partes sean conscientes de si es necesario contribuir y de por qué hacerlo.