Telefónica se adjudica el grueso del contrato de telecomunicaciones para la Policía

El Ministerio del Interior que capitanea Fernando Grande-Marlaska ha adjudicado por un procedimiento restringido un contrato de casi 150 millones de euros a Telefónica, la empresa de software TRC y la consultora Capgemini para la prestación de servicios de telecomunicaciones a la Dirección General de la Policía Nacional. El contrato, que entrará en vigor a partir del próximo mes de diciembre por un periodo de 48 meses, se articula en torno a tres lotes que abarcan diferentes aspectos críticos de la comunicación y seguridad de la institución policial, según figura en el portal de contratación del Estado.

En concreto, Telefónica se ha alzado con el grueso del megacontrato de telecomunicaciones. Y es que la operadora se ha hecho con el lote relativo a las comunicaciones unificadas de la Policía Nacional por valor de 112,49 millones de euros y con la parte del contrato vinculada a los servicios de seguridad de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) mediante una unión temporal de empresas con TRC Informática por una partida de 25,49 millones de euros.

Por su parte, la consultora tecnológica Capgemini se ha adjudicado el tercer lote del contrato -destinado a la implantación de una oficina técnica de soporte- por 10,2 millones de euros. De esta forma se conoce que el importe total de la licitación que ha sido negociada sin publicidad roza los 150 millones de euros.

Negociación sin publicidad

El pasado 30 de abril, el Consejo de Ministros autorizó esta partida presupuestaria para que el Ministerio del Interior contratara a las empresas que finalmente han resultado adjudicatarias a través de la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad. El proceso de adjudicación de los contratos se ha llevado a cabo mediante un procedimiento negociado sin publicidad. La Ley de Contratos del Sector Público permite este procedimiento en el que, por una serie de condiciones especiales, se permite omitir el periodo de publicidad e invitar directamente a operadores económicos para establecer las condiciones de contratación. En este caso concreto la justificación, según el ministerio, alude a la necesidad de una mayor especialización técnica y confidencialidad.