Inteligencia artificial para agilizar la relación con el ciudadano, la apuesta del 48% de las AAPP

Las administraciones públicas ya están aprovechando las ventajas que ofrece la inteligencia artificial (IA). De hecho, dos de cada cuatro organizaciones están centrando o van a centrar sus esfuerzos en mejorar la gestión de los riegos y la ciberseguridad, trabajando en el avance de herramientas y soluciones de terceros que adopten en sus funcionalidades IA. Así lo ha revelado el análisis sectorial recogido en el informe Ascendant de Minsait y que, bajo el título IA: radiografía de una revolución en marcha, analiza su grado de adopción en compañías privadas e instituciones públicas.

El mismo informe arroja que, además de mejorar la gestión de riesgos y la ciberseguridad, el 48% de las instituciones se están centrando en casos de uso específicos del sector, como la optimización del modelo operativo de la administración y el manejo de la información entre otras cosas. El 48% de las administraciones también se está sirviendo de IA para la mejora de las operaciones del ciudadano, introduciendo funcionalidades como chatbots, automatización de respuestas o reclamaciones personalizadas.

Entre todas las razones que influyen en las administraciones públicas que han formado parte del estudio para comenzar a usar la IA o hacerlo de forma más intensa destaca la eficiencia y optimización de los procesos internos, ya que se trata de uno de los aspectos de mayor importancia para el 81% de las organizaciones. En un segundo lugar, el 41% menciona la optimización de la experiencia del ciudadano en la interacción con las diferentes administraciones entre las principales motivaciones para la adopción de la IA.

En referencia a las barreras que se encuentran en el momento de su aplicación, uno de los principales obstáculos para 3 de cada 4 instituciones públicas es la falta de visión y de cultura empresarial. En esta línea, para 1 de cada 4 administraciones otro factor a destacar es la falta de talento en el sector, sobre todo de perfiles especializados en el ámbito de la IA. Otras de las barreras que destacan hace referencia a la falta de marco normativo estable y cumplimiento de privacidad (26%), infraestructura inadecuada y una oferta de mercado poco madura y contrastada (19%) y silos de conocimiento, así como la falta de modelos avanzados de gobierno y gestión del dato (19%).

Mejores servicios y reducción del gasto público

El impacto de la IA ha generado gran interés y elevadas expectativas, situándola como la próxima gran ola en la transformación digital de las administraciones públicas. La capacidad de automatizar tareas complejas y de alto valor añadido ofrece oportunidades sin precedentes para optimizar procesos gubernamentales, mejorar la eficiencia en la prestación de servicios y reforzar la toma de decisiones. Esta oportunidad no solo promete transformar el funcionamiento interno de las instituciones, sino también cumplir con las crecientes expectativas de una ciudadanía que mira con interés los avances por venir.

“El sector de las administraciones públicas en España, al igual que muchos otros, presenta una situación de partida relevante. Gracias a la decidida inversión pública y privada de los últimos años, hoy nos encontramos en una posición de liderazgo en Europa, con una infraestructura de telecomunicaciones de vanguardia y una sociedad altamente conectada. Este impulso nos ha permitido no solo estar a la altura de los retos tecnológicos actuales, sino también abrir nuevas oportunidades para seguir avanzando hacia un futuro digital más inclusivo, eficiente y competitivo a nivel global”, declara Luis Fernández Hernando, director global de Administraciones Públicas en Minsait.

Siguiendo esta misma línea ponía de manifiesto que “en el último año muchas entidades y administraciones públicas han dado un giro estratégico hacia el uso del dato y la interoperabilidad de sus sistemas. El siguiente paso natural en su modernización es el desarrollo de aplicaciones basadas en IA, con dos objetivos clave: mejorar la eficiencia del gasto público y optimizar los servicios al ciudadano”.